La Contraloría General de la República dejó en firme este viernes un fallo con responsabilidad fiscal por $8.804 millones contra el exalcalde del municipio de Chiriguaná (Cesar), Ramón Arturo Díaz Corzo.

Según la Contraloría, Díaz Corzo habría impartido el daño patrimonial por la no funcionalidad de las obras de "ampliación y optimación de la red de recolección del sistema de alcantarillado sanitario, segunda etapa”, acordadas en el contrato de obra No. 164 del 23 de agosto del 2010.

El contrato mencionado fue celebrado entre el municipio de Chiriguaná y la Unión temporal alcantarillado 2010, y la decisión cobija también a los integrantes de la Unión temporal contratista y a los integrantes del consorcio interventor.

En este sentido, los dineros transferidos al contratista se ejecutaron, pero, a pesar de que el contrato se encuentra terminado, según acta de recibo final del 24 de febrero de 2012, “las obras realizadas no son funcionales a la fecha”.

“Además, los pozos de inspección y las redes instaladas se encontraron con estancamiento de aguas residuales, y colmatación, situación que generó que las aguas servidas se filtraran en las calles de los sectores intervenidos”, señaló la Contraloría en un comunicado.

De igual manera se identificó en el sector 4, correspondiente al barrio Campo Soto, que las aguas servidas se estaban vertiendo directamente a un cuerpo de aguas en un canal abierto, sin ningún tipo de cumplimiento de normatividad, situación que genera malos olores, proliferación de plagas, contaminación del medio ambiente y afectación a la salud de las personas.

El grupo auditor de la Contraloría pudo verificar “que no existía la licencia o permiso de vertimiento”, así como tampoco el “Plan de saneamiento y manejo de vertimientos”.

Lo anterior, serían requisitos “indispensables” para la presentación y aprobación de los proyectos por parte del Órgano colegiado de administración y decisión (OCAD).

“También se encontró que el municipio de Chiriguaná no contaba con el plan de manejo ambiental, situación que va en contravía de lo establecido en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico”, puntualizó la entidad fiscalizadora.

*Con información de la Contraloría General de la República